domingo, 29 de marzo de 2009

LA MAFIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN COLOMBIA

Entre el cómo es y cómo debería de ser la labor de los medios de comunicación en el mundo, y especialmente en Colombia, hay una gran y evidente diferencia donde es vulnerado el derecho a informar y ser informado.

¿Y LA LEY?
En la constitución política de Colombia, como principio fundamental se encuentra el artículo 20, donde se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad.

Pero en nuestro país, el infringir la ley más que un delito parece ser un deber. Las empresas periodísticas brindan información veraz e imparcial según les convenga a sus patrocinadores, tienen responsabilidad social, pero al momento de denunciar abusos del Estado hacia la sociedad, callan o prefieren no publicar la información para evitar lidiar con rectificaciones o denuncias.

“No habrá censura”, con esto finaliza el artículo 20 y a su vez la labor de los medios de comunicación en Colombia.

LA PERDIDA DEL RUMBO
Hace algunos años los medios de comunicación eran censurados por los narcotraficantes, con la muerte de sus periodistas, con atentados a sus sedes o con el retiro del apoyo económico, porque muchas de las empresas periodísticas de la época, y de hoy, son patrocinadas o sostenidas por la mafia.

Cuando un periodista decide publicar un hecho debe de pensar en sus fuentes informativas, en los dueños del medio para el que trabaja, en los anunciantes, en el público, en el Estado y en sí mismo. La información que presentará no podrá perjudicar a los que literalmente sostienen el medio, porque de otra forma estos retirarían su apoyo. ¿Qué le toca hacer?, no presentar todos los detalles del hecho, es decir, engañar al público.

¿Y AHORA QUÉ ?
Los medios masivos de Colombia cada vez más se alejan de la idea de servir al ciudadano y defender sus intereses frente a las actuaciones de un Estado, pues de alguna manera se han convertido en sus fichas de ajedrez, sirviéndoles a los grupos económicos que son quienes tienen la propiedad y control sobre la información y dejando de lado al público quien es realmente a deberían servir.

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